Aspersión Aérea en Putumayo

Colombia ha vuelto a poner sobre la mesa la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito. El Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó, mediante la Resolución 0007 del 18 de agosto de 2026, un plan piloto para aplicar por vía aérea glufosinato de amonio 200 SL. La operación está concebida como una fase experimental, limitada y temporal, con un máximo de 1.000 hectáreas efectivamente tratadas y una duración operacional de hasta siete días. La ejecución estará a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional mediante aeronaves tripuladas. El objetivo declarado del piloto no es solamente comprobar si el herbicida permite reducir los cultivos de coca. La resolución plantea obtener evidencia sobre su eficacia, precisión, deriva, posibles riesgos e impactos sobre la salud y el ambiente y suficiencia de las medidas de manejo. Es decir, algunos de los principales interrogantes que históricamente han acompañado la aspersión aérea todavía forman parte del problema que el propio experimento pretende estudiar. El departamento escogido para esta fase es Putumayo. La selección no es casual desde el punto de vista de la política de drogas: se trata de uno de los territorios colombianos con una presencia histórica y significativa de cultivos de coca. Pero Putumayo tampoco puede ser entendido únicamente a través de la economía de la coca. Es un territorio agrícola, amazónico, campesino, indígena y afrodescendiente, en el que diferentes formas de producción y de ocupación del territorio coexisten y, en muchos lugares, se superponen.

Esta característica territorial es fundamental para comprender el problema. Un territorio que no está dividido entre coca y agricultura. Una de las dificultades para analizar la aspersión consiste en imaginar el territorio como si existieran dos superficies claramente separadas: de un lado, las parcelas de coca; del otro, los cultivos legales.
La realidad rural suele ser mucho más compleja. En Putumayo conviven cultivos destinados al mercado con cultivos de pancoger, potreros, viviendas rurales, huertas, bosques, fuentes de agua y parcelas de coca. En una misma zona pueden encontrarse plátano, yuca, maíz, chontaduro, cacao, caña, arroz, piña y otros productos agrícolas junto con cultivos de uso ilícito. Los datos oficiales de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria muestran la importancia de esta agricultura. Para el departamento se registran decenas de miles de hectáreas agrícolas y una producción considerable de plátano, yuca, chontaduro, maíz, cacao, caña, arroz, piña y otros productos. Pero las estadísticas agrícolas tienen una limitación que debe tenerse presente: una base estadística departamental no necesariamente representa cada parcela de pancoger existente en el territorio. Una huerta familiar, una pequeña plantación de plátano o unas pocas hectáreas de yuca pueden tener enorme importancia para una familia y, al mismo tiempo, no aparecer con el mismo nivel de detalle en las estadísticas productivas. Por ello, evaluar los posibles efectos de una aspersión exclusivamente a partir de las bases de datos agrícolas oficiales podría producir una imagen incompleta del territorio. El problema de la deriva La aspersión aérea introduce una variable que no existe de la misma manera en una aplicación localizada sobre una planta: la posibilidad de que parte del producto abandone el área que se pretendía tratar. El glufosinato de amonio es un herbicida de amplio espectro. Su aplicación aérea, por tanto, plantea necesariamente la cuestión de la deriva hacia superficies y organismos que no constituyen el objetivo de la operación.

No significa que toda aspersión produzca inevitablemente daños fuera del área objetivo. Esa afirmación no puede hacerse sin datos específicos. Significa algo más sencillo: la posibilidad de deriva existe y debe ser medida. De hecho, la propia Resolución 0007 incluye la deriva entre las variables que el piloto pretende evaluar. Esto permite formular una pregunta estrictamente técnica:¿Hasta dónde llega realmente el producto fuera del área objetivo bajo las condiciones meteorológicas y geográficas concretas de Putumayo? La respuesta no debería depender únicamente de modelos teóricos. Tendría que surgir de mediciones realizadas durante la operación. El agua plantea un segundo problema La exclusión de cuerpos de agua de las áreas de aplicación es una medida diferente de demostrar que el producto no llegará posteriormente a ellos. Una sustancia aplicada sobre el suelo puede estar sometida a diferentes procesos ambientales: deposición, degradación, escorrentía superficial, transporte con partículas del suelo y, dependiendo de las condiciones, movilidad hacia capas inferiores. Por eso existen al menos dos preguntas diferentes:1. ¿Se aplica directamente el producto sobre un cuerpo de agua?2. ¿Puede llegar posteriormente producto o sus residuos a ese cuerpo de agua desde las superficies tratadas? La primera cuestión puede abordarse mediante zonas de exclusión. La segunda requiere estudiar la dinámica del suelo, la lluvia, las pendientes, las quebradas, las microcuencas y las características hidrológicas de cada lugar. En Putumayo, donde las actividades rurales están estrechamente relacionadas con quebradas, caños, ríos, humedales y otras fuentes de agua, esta diferencia adquiere especial importancia. No sería científicamente correcto afirmar de antemano que la aspersión contaminará necesariamente los acuíferos. Tampoco sería correcto asumir que las aguas subterráneas son irrelevantes simplemente porque los cuerpos de agua superficiales hayan sido excluidos de los polígonos de aplicación. La cuestión debe resolverse mediante mediciones. Un antecedente que no puede ignorarse Colombia no está comenzando desde cero. Durante los años en que se utilizó la aspersión aérea con glifosato en Putumayo se produjeron denuncias y controversias relacionadas con daños a cultivos lícitos, fuentes de agua y medios de subsistencia. Algunas de estas controversias llegaron a los tribunales. El antecedente jurídico es especialmente relevante porque existen decisiones judiciales que han reconocido responsabilidad estatal por daños asociados a operaciones de aspersión. El Consejo de Estado, además, ha establecido históricamente obligaciones relacionadas con la protección de comunidades indígenas y la seguridad alimentaria de comunidades del Putumayo afectadas por fumigaciones. Esto no permite concluir que el glufosinato vaya a producir exactamente los mismos efectos que produjo —o que se atribuyeron— al glifosato. Son sustancias diferentes y deben ser evaluadas como tales. Pero sí demuestra algo más general: la aplicación aérea de herbicidas en territorios rurales colombianos tiene antecedentes concretos de conflicto ambiental, agrícola, social y jurídico. Ese antecedente hace razonable exigir que el nuevo experimento sea evaluado con un alto nivel de trazabilidad. La reserva de los lugares exactos Uno de los aspectos más sensibles del actual piloto es que las coordenadas exactas, extensión, rutas de vuelo y cronograma detallado de las áreas de aplicación permanecen bajo reserva por razones de seguridad operacional. La información disponible confirma que la operación se realizará exclusivamente dentro de polígonos habilitados, pero esos polígonos no han sido publicados con el detalle necesario para que la sociedad pueda conocer previamente qué predios se encuentran en su entorno. La razón alegada es la seguridad de la operación y del personal frente a posibles acciones de organizaciones dedicadas al narcotráfico. La reserva puede tener una justificación operacional. Pero genera simultáneamente un problema de transparencia ambiental. Existe una diferencia sustancial entre conocer que un piloto se realizará en Putumayo y conocer exactamente qué territorio será intervenido. Para evaluar los posibles efectos sobre agricultura, agua y población se necesita saber, al menos después de la operación y bajo mecanismos adecuados de seguridad, dónde fueron realizadas las aplicaciones, cuándo se realizaron, bajo qué condiciones meteorológicas, qué cantidad de producto se utilizó y qué zonas se encontraban alrededor. Sin esa información resulta difícil para investigadores independientes, comunidades, productores y autoridades territoriales construir una línea de comparación entre el estado anterior y el posterior a la aplicación. La seguridad operacional y la transparencia ambiental no necesariamente son incompatibles. El desafío consiste en encontrar mecanismos que protejan la información sensible sin impedir la evaluación independiente de los impactos. La línea base es esencial Si el propósito del piloto es generar evidencia científica, existe una condición básica: conocer razonablemente el estado del territorio antes de la intervención. Para determinar si después de la aspersión existe un cambio ambiental o agrícola es necesario poder comparar el "antes" con el "después". Una evaluación rigurosa debería considerar, según las características de cada zona:- condiciones meteorológicas;- ubicación y extensión de los cultivos;- fuentes de agua;- características del suelo;- vegetación;- cultivos de pancoger;- viviendas y población expuesta;- cuerpos de agua;- y, cuando sea pertinente, condiciones de aguas superficiales o subterráneas. Después de la aplicación deberían repetirse mediciones en momentos definidos. De lo contrario, puede resultar difícil distinguir entre un fenómeno producido por la aspersión y otro que ya existía previamente. Esta cuestión adquiere especial relevancia cuando se trata de cultivos agrícolas. Una fotografía posterior de una planta afectada puede demostrar que existe un daño, pero por sí sola no demuestra su causa. Para establecer causalidad se necesita reconstruir la secuencia: condición previa → aplicación → exposición → cambio observado → análisis químico y agronómico → comparación con áreas no expuestas. Ese es el tipo de evidencia que permitiría pasar de una percepción o denuncia a una evaluación científica. El territorio como mosaico Tal vez la cuestión central sea que la discusión no debería plantearse exclusivamente como un enfrentamiento entre "fumigar coca" y "defender cultivos legales". El problema real es territorial. En Putumayo existe un mosaico donde coinciden diferentes actividades, ecosistemas y formas de vida. Una decisión dirigida a una actividad puede producir consecuencias sobre otras actividades que no constituyen su objetivo. Por eso el criterio fundamental de una operación aérea no debería ser únicamente su capacidad para alcanzar el cultivo que se pretende eliminar. También debe evaluarse su capacidad para evitar aquello que no se pretende afectar. La eficacia y la selectividad son dos variables distintas. Un herbicida puede ser eficaz contra la vegetación objetivo y, simultáneamente, producir una afectación no deseada sobre otra vegetación. Precisamente por eso la deriva es una de las variables que el actual piloto pretende estudiar. Un experimento realizado sobre un territorio habitado Hay una particularidad conceptual que no debería perderse de vista. El piloto es experimental porque pretende producir conocimiento sobre los efectos de una determinada forma de aplicación. Pero el territorio sobre el que se genera ese conocimiento no es un laboratorio vacío. Es un espacio habitado, productivo y ecológicamente complejo. Allí existen agricultores, familias, comunidades étnicas, animales domésticos, cultivos de pancoger, actividades comerciales, fuentes de agua y ecosistemas.

Esto no significa que un experimento territorial sea necesariamente ilegítimo. Significa que el estándar de documentación y vigilancia debe ser proporcional a la posibilidad de afectar bienes que no son parte del objetivo de la operación. Si el propósito es producir evidencia científica, la calidad de esa evidencia debe poder ser examinada por personas diferentes de quienes ejecutan la operación. Lo que todavía no sabemos. Una discusión objetiva también debe reconocer sus propios límites. A día de hoy no podemos afirmar, sin disponer de los datos de campo, cuántas hectáreas de cultivos lícitos serán afectadas. Tampoco podemos afirmar que los acuíferos serán contaminados. No podemos establecer todavía qué cantidad de glufosinato llegará fuera de los polígonos. No podemos afirmar que todas las comunidades cercanas resultarán afectadas. Y tampoco podemos trasladar automáticamente al glufosinato las conclusiones obtenidas históricamente para el glifosato. odas esas afirmaciones requieren evidencia específica. Pero tampoco conocemos todavía, con suficiente detalle público, las respuestas a preguntas igualmente importantes:

¿Cuál será exactamente la distancia entre los polígonos y los cultivos lícitos?
¿Qué cantidad de producto se aplicará?
¿Qué condiciones meteorológicas serán consideradas inadmisibles?
¿Cómo se medirá la deriva?
¿Qué muestras se tomarán antes de la operación?
¿Qué muestras se tomarán después?
¿Quién analizará esas muestras?
¿podrán investigadores independientes acceder a los datos?
¿Cómo se determinará si una afectación agrícola fue causada por la aspersión?
¿Cómo se atenderán las reclamaciones de los productores?

Son preguntas técnicas, no necesariamente políticas. Y precisamente por eso son importantes. Una cuestión de evidencia. La discusión sobre la aspersión aérea suele quedar atrapada entre dos posiciones absolutas. Una sostiene que la aspersión es necesaria y que los riesgos pueden controlarse. La otra sostiene que inevitablemente destruirá cultivos, contaminará aguas y afectará a las comunidades. La evidencia disponible permite una posición más prudente. Existe una razón legítima para estudiar la eficacia de una herramienta frente a los cultivos de uso ilícito. También existe una razón igualmente legítima para estudiar rigurosamente sus efectos sobre aquello que no constituye el objetivo de la aplicación. La cuestión no necesita resolverse mediante una afirmación previa. Puede resolverse mediante evidencia. Y esa evidencia debe ser suficientemente transparente para que pueda ser revisada. En el caso de Putumayo, la discusión adquiere una dimensión adicional porque existe una historia previa de aspersión, una agricultura lícita consolidada y una población rural que habita un territorio ambientalmente complejo. Por eso el verdadero resultado del piloto no debería limitarse a responder si el glufosinato destruye la coca. Debería responder también: qué ocurre con el resto del territorio cuando se utiliza una aeronave para aplicar un herbicida de amplio espectro sobre él. Esa es la pregunta ambiental, agrícola y científica que realmente está en juego. Y mientras las coordenadas exactas permanezcan reservadas, mientras no se conozca públicamente la línea base y mientras no exista acceso independiente a los datos de aplicación y monitoreo, una parte fundamental de esa pregunta seguirá abierta. El debate, por tanto, no debería comenzar por decidir quién tiene razón. Debería comenzar por establecer qué se va a medir, cómo se va a medir, quién lo va a verificar y qué evidencia será considerada suficiente para afirmar que una intervención de este tipo es, o no es, compatible con el territorio sobre el que se realiza.


Por Adrian Pulido- Ukumary